¿Sabías que cada vez que usas tu móvil, tu ordenador o tu coche estás generando datos? ¿Y que esos datos pueden tener un gran valor para ti, para las empresas y para la sociedad? ¿Y que la Unión Europea ha aprobado una nueva ley para regular cómo se usan y se comparten esos datos? Si quieres saber más sobre esta ley y cómo te afecta, sigue leyendo este artículo.
La Unión Europea ha aprobado recientemente una nueva Ley de Datos que tiene como objetivo regular el uso y el intercambio de datos en el mercado único digital. Esta ley se enmarca dentro de la estrategia europea de datos, que busca impulsar la economía y la innovación basadas en el análisis de grandes volúmenes de información.
¿Por qué se ha promulgado esta ley?
La ley surge como respuesta a los desafíos y las oportunidades que plantea la transformación digital, que genera cada vez más datos provenientes de diversas fuentes, como las redes sociales, los dispositivos inteligentes, las plataformas en línea o los servicios públicos. Estos datos tienen un gran valor económico y social, pero también plantean riesgos para la privacidad, la seguridad y la competencia.
La Unión Europea quiere aprovechar el potencial de los datos para impulsar el desarrollo sostenible, la transición ecológica, la salud pública, la educación, la investigación y la innovación. Para ello, es necesario crear un espacio europeo de datos que garantice el libre flujo de datos dentro del mercado único, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales de los ciudadanos y las normas de protección de datos.
¿Qué características principales tiene esta ley?
La ley establece una serie de principios y normas para regular el uso y el intercambio de datos en la Unión Europea. Algunas de las más destacadas son:
- Se crea una categoría de datos llamados «datos de interés general«, que son aquellos que tienen un valor social o económico significativo para la sociedad o el mercado único. Estos datos pueden provenir tanto del sector público como del privado, y se podrán compartir voluntariamente con otras entidades bajo ciertas condiciones.
- Se fomenta el uso de mecanismos de intermediación de datos, que son entidades neutrales que facilitan el intercambio de datos entre proveedores y usuarios, garantizando la confianza, la transparencia y el cumplimiento legal. Estos intermediarios deberán estar registrados y supervisados por las autoridades competentes.
- Se establece un marco jurídico para el uso de datos industriales y no personales, que son aquellos que no se refieren a personas identificadas o identificables. Estos datos podrán ser utilizados por otras entidades siempre que se respeten los derechos de propiedad intelectual, industrial y contractual del proveedor original.
- Se refuerza el derecho de acceso y reutilización de los datos del sector público, que son aquellos que generan las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Estos datos deberán estar disponibles en formatos abiertos y estándar, salvo que existan motivos justificados para limitar su acceso o reutilización.
- Se promueve el desarrollo de estándares técnicos y éticos para garantizar la calidad, la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Asimismo, se incentiva el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas o el cloud computing para mejorar el procesamiento y el análisis de los datos.
Cómo afectará a empresas y usuarios
La Ley de Datos de la UE supone una oportunidad para las empresas europeas que quieran aprovechar el potencial económico y social que ofrecen los datos. Al facilitar la circulación y el acceso a los datos no personales, se abre un mercado único digital más amplio y competitivo, donde las empresas pueden ofrecer mejores productos y servicios, adaptados a las necesidades y preferencias de los consumidores.
Asimismo, se favorece la colaboración entre las empresas y las administraciones públicas, así como entre diferentes sectores e industrias, lo que puede generar nuevas soluciones e innovaciones que beneficien al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, se pueden crear plataformas comunes para compartir datos sobre movilidad urbana, salud pública o medio ambiente.
Esta Ley también beneficia a los usuarios finales, tanto individuales como colectivo pues al garantizar un nivel alto de seguridad y confianza en el uso y la protección de los datos, se respeta el derecho fundamental a la privacidad y la autodeterminación informativa. Además, se facilita la portabilidad y el cambio de proveedor de servicios de almacenamiento o procesamiento de datos, lo que aumenta la libertad de elección y la competencia en el mercado.
¿Cuándo y cómo entrará en vigor?
La ley, presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2020 como parte del paquete legislativo sobre gobernanza de datos, ha sido recientemente aprobada tras un proceso de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Una vez que los presidentes de ambos organismos hayan firmado el acto legislativo, éste se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los 20 días de su publicación.
La ley será de aplicación directa en todos los Estados miembros, sin necesidad de transposición nacional. No obstante, los Estados miembros tendrán que adaptar sus normativas nacionales en algunos aspectos, como la designación de las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de la ley o la determinación de los criterios para identificar los datos de interés general.
La Comisión Europea será la encargada de coordinar y apoyar la implementación de la ley, así como de evaluar su impacto y proponer posibles revisiones. Además, la Comisión contará con el asesoramiento de un comité formado por representantes de los Estados miembros y de un consejo consultivo compuesto por expertos y partes interesadas.
En este sentido, la Ley prevé un periodo transitorio de dos años, durante el cual los Estados miembros deberán derogar o modificar las normas nacionales que contradigan o dificulten la aplicación de la Ley, así como designar a las autoridades nacionales competentes para hacer cumplir la Ley y notificarlas a la Comisión Europea. Por su parte, los proveedores de servicios de almacenamiento o procesamiento de datos deberán informar a sus clientes sobre las posibilidades y condiciones para ejercer el derecho a la portabilidad y al cambio de proveedor y deberán cumplir asi mismo con los requisitos establecidos por la Ley en materia de seguridad, transparencia y cooperación con las autoridades.
Finalmente, se espera que se desarrollen y se apliquen los códigos de conducta y las certificaciones voluntarias que contribuyan a mejorar las prácticas del sector y a generar confianza entre los usuarios.´iniciativas estas que serán facilitadas y apoyadas por la Comisión Europea para los efectos de establecer criterios comunes para su evaluación y reconocimiento.
